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Se instala oficialmente el Sistema Nacional Anticorrupción aún sin Fiscal

Como uno de los pasos culminantes de la Reforma Constitucional de mayo de 2015, y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en días recientes finalmente se instaló de manera oficial el Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, los cuales tendrán una tarea fundamental para dar resultados a la ciudanía en el combate a la corrupción.

Durante la instalación oficial, fue ineludible la urgencia que se tiene por nombrar al Fiscal Anticorrupción y a los magistrados especializados lo antes posible, pues de ellos depende el cumplimiento de los objetivos del Sistema.

En el evento, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, señaló que el objetivo sustancial del SNA es el análisis de las causas de cada una de las instituciones que participan en el Comité Coordinador, por lo que la autocorrección del Sistema es lo que garantizará a corto, mediano y largo plazo su efectividad, y eso, dijo, sólo se puede dar si los miembros de las instituciones que integran el Comité Coordinador actúan con transparencia, honradez y ética, respecto de los fenómenos que generan la corrupción, así como cuáles son las fallas del SNA para poder corregirlas y dar asertividad al mandato constitucional y legal.

Por lo que respecta al nombramiento del Fiscal, éste es un asunto que a últimas fechas ha dado mucho de qué hablar, y al no estar definido aún el perfil de quien ocupará el cargo, resulta inevitable preguntarnos sobre el rumbo a corto plazo que tomará el SNA; es decir, si no hay alguien que lo encabece, ¿cuándo se podrán percibir las acciones del Sistema y su presencia en el marco público? ¿O se debe esperar aún más para que el SNA empiece a tomar forma?

Si bien el principal objetivo del Sistema en su conjunto es el análisis de las causas de cada una de las instituciones que participan en el Comité Coordinador, lo cierto es que mientras no se tenga un rostro y un nombre al frente, poco podemos prever del funcionamiento que desarrollará.

A la sesión de instalación asistieron los titulares de diversas instituciones como la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), entre otros.

Finalmente, el titular de la PGR destacó que desde el pasado mes de diciembre ya se cuenta con el espacio físico y la metodología que permitirán respetar la autonomía del futuro Fiscal Anticorrupción, pero, al permanecer sin Fiscal, posiblemente sea difícil ordenar después este tema que desde ahora ha causado gran inconformidad entre la ciudadanía.

SEGOB apoya nuevas medidas para combatir la desaparición de personas y fosas clandestinas en México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó al Gobierno de la Republica las propuestas derivadas del Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México.

La aprobación de la Iniciativa de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, propuesta por el Ejecutivo Federal y en proceso de discusión en el Poder Legislativo, permitirá dotar al Estado de un diseño institucional adecuado y de mejores capacidades en este ámbito.

Derivado de estas propuestas se pretende implementar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Comisión Nacional de Búsqueda, los cuales tienen el objetivo de hacer frente con eficacia y contundencia a la desaparición de personas la cual es una condición esencial para la vigencia del Estado de Derecho y para el desarrollo en nuestro país.

El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas actuaría como una instancia superior para la articulación de esfuerzos de búsqueda y localización de personas desaparecidas; además contará con herramientas que permitan facilitar la localización e identificación de personas y reglamentará lo relativo a la disposición de cadáveres y restos.

Cabe señalar que este Sistema garantiza la inmediata movilización de las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y personal especializado ante un reporte de desaparición.

A su vez, la Comisión Nacional de Búsqueda contaría con características, tales como:

  •    Recibir denuncias o reportes sobre desaparición de personas.
  •    Diseñar y ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda de Personas.
  •    Contar con una Unidad de Búsqueda y con Fuerza de Búsqueda (Policías capacitados y certificados).

Finalmente, se podría implementar un Consejo Nacional Ciudadano el cual podría integrarse por defensores de los Derechos Humanos, así como especialistas y familiares de las víctimas a fin de que participen para asesorar y emitan opiniones al Sistema Nacional de Búsqueda.

Fuente: Secretaría de Gobernación

Procedencia del juicio oral mercantil en créditos con garantía real

El pasado 7 de abril se publicó en la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación la tesis jurisprudencial XXVII.3o. J/32 (10a.), bajo el rubro: JUICIO ORAL MERCANTIL. PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA ACCIÓN PERSONAL DE COBRO DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, AUN CUANDO AL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN SE ADJUNTA UN ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO.

En ella se establece que el artículo 1055-Bis del Código de Comercio (CCom) señala que el titular de un crédito mercantil con garantía real puede optar por exigir el pago del adeudo a través de diferentes vías, a saber:

  •         la ejecutiva mercantil,
  •         la especial,
  •         la ordinaria,
  •         la especial hipotecaria,
  •         la que corresponda de acuerdo con la legislación mercantil o civil.

De tal suerte que, cuando el documento base de la acción consista en un contrato de apertura de crédito simple con interés y que además goce de una garantía colateral hipotecaria, el hecho de que la parte actora ofrezca adjunto al contrato base de la acción un estado de cuenta certificado por el contador público autorizado, los cuales, en su conjunto, pueden constituir un documento que tiene aparejada ejecución, no significa que no pueda reclamarse el pago del crédito en el juicio oral mercantil.

El juicio oral mercantil se encuentra regulado en un Título Especial del CCom y es en su artículo 1390-Bis en el que se establece explícitamente que se tramitarán en este tipo de juicio todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía.

Así, la tesis en comento refiere que debe atenderse a la finalidad de la pretensión del accionante, esto es, si demanda prestaciones inherentes a la vía ejecutiva, como lo sería el embargo precautorio de bienes ya que, de no ser así, no es factible afirmar que se estará frente a un procedimiento especial y, por tanto, la vía oral mercantil resulta procedente.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Presenta OEA informe semestral de actividades sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia

El pasado 5 de abril Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó ante el Consejo Permanente el Vigésimo Segundo Informe de las actividades de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP).

En dicho informe resalta el acuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la relevancia de implementar una estrategia de diálogo social con mecanismos de interlocución para reforzar la confianza entre el Estado y la sociedad durante el postconflicto.

El documento abarca, además, las actividades y esfuerzos realizados durante 2016, entre los que destaca una serie de recomendaciones al Estado colombiano para favorecer la garantía de derechos a los distintos actores sociales, como la situación de seguridad de líderes y organizaciones sociales, comunitarias, étnicas y defensoras de Derechos Humanos.

Por su parte, el Representante Permanente de Colombia ante la OEA, Andrés González, agradeció el compromiso de la OEA con la paz en su país y afirmó que el acuerdo permite ver de mejor manera realidades que son complejas y se pueden observar de manera transparente bajo la percepción de personas e instituciones imparciales, que han acompañado la negociación por la paz con resultados muy importantes.

Cabe resaltar, que la OEA ha apoyado los esfuerzos de Colombia por lograr la paz desde 2004 con la MAPP y este mandato fue extendido hasta diciembre de 2018, en conjunto con una solicitud para monitorear las dinámicas territoriales en las zonas que dejan las FARC y con presencia de Grupos Armados Organizados (GAO).

Fuente: Organización de Estados Americanos

Plantea Senado inclusión de la figura Menor Maduro dentro de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Durante la sesión de la Cámara Alta del pasado 5 de abril, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros presentó una iniciativa de reforma al artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por medio de la cual, se busca reconocer a los adolescentes mayores de 16 y menores de 18 como titulares de derechos, atendiendo a los principios de progresividad que se reconocen tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como en los diversos Tratados internacionales de los que nuestro país forma parte.

Con esta reforma, se busca reconocer como Menor Maduro a los adolescentes mayores de 16 y menores de 18 que a juicio de las instancias competentes, cuenten con capacidad suficiente para involucrarse y tomar decisiones que afecten directamente su integridad en servicios médicos, educativos o legales, entendiendo la amplitud de posibilidades que supone esta palabra.

Del estudio de Derecho Comparado, sustento del proyecto, se menciona que algunos países han adoptado como figura representativa de la voluntad del menor el término Menor Maduro, figura equiparable a la emancipación y que se diferencia del primero en cuanto a la distinción que se hace entre los menores de edades tempranas que carecen de juicio propio y aquellos que, en virtud de una edad mayor, son capaces de tomar decisiones.

Nuestro país ha desarrollado e implementado diversas políticas públicas que tienen como único fin buscar la protección de los derechos de los menores, ello ha permitido crear la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; sin embargo, la misma no contempla el concepto de Menor Maduro o similar en su redacción, con lo que a criterio de la senadora Cuéllar, se frena el pleno goce de los derechos a los menores que ya cuentan con elementos suficientes para probar su madurez bajo determinadas circunstancias.

Como se mencionó anteriormente, esta figura resulta semejante a la de emancipación de menores, con la diferencia que en nuestra legislación ésta deriva de un acto jurídico como lo es la unión matrimonial, por lo que la reforma implicaría poder permitir que el menor sea sujeto de derechos sin recurrir al matrimonio para ello.

Ante esto, se debe de realizar un análisis jurídico profundo, claro y preciso, responsabilidad que recaerá en las comisiones unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudio Legislativo a las cuales fue turnada.

Fuente: Cámara de Senadores

La crisis venezolana y las claves para comprenderla

Actualmente, la República Bolivariana de Venezuela se encuentra viviendo una de las peores crisis de su historia. Acostumbrada en los últimos años a los conflictos internos, la crisis que enfrenta el día de hoy deja de ser, por mucho, un hecho aislado.

El hecho de que la Corte Suprema venezolana haya disuelto la Asamblea Nacional, argumentando un desacato de la misma y asumiendo sus competencias mientras subsista el mismo, ha hecho que Venezuela enfrente una dura crisis institucional, considerada por muchos internacionalistas como un Autogolpe de Estado y que se ve agravada por la crisis económica que se encuentra viviendo esta República desde tiempo atrás.

Esta crisis institucional dio inicio en diciembre de 2015, durante las elecciones para la renovación de la Asamblea Nacional (órgano legislativo legítimo según lo establece la propia Constitución venezolana) ya que en dichas elecciones triunfó la oposición y, desde ese momento, este bloque ha controlado el parlamento buscando ser un contrapeso real del Poder Ejecutivo.

Derivado de esos resultados, a través del Ejecutivo se impugnó la elección de tres diputados ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), órgano que al final concedió la razón al Ejecutivo.

Este hecho motivó diversas manifestaciones del bloque opositor, teniendo como resultado que la Asamblea Nacional incorporara a los mencionados diputados en el mes de agosto de 2016 y, de igual forma, luchó por llevar a cabo un referéndum revocatorio de mandato del Presidente Maduro, proceso que fue suspendido el 20 de octubre del mismo año, ya que el poder electoral determinó que existieron diversas irregularidades para su solicitud.

En vista de lo anterior, la Sala Constitucional del TSJ de Venezuela amagó a la Asamblea Nacional con acusarla de desacato y anular las competencias de la misma mientras el órgano legislativo se mantuviera en dicha situación, acción que efectuó en estos días.

Esta anulación de competencias de la Asamblea Nacional y el traspaso de las mismas al TSJ, el cual es un órgano institucional controlado por los oficialistas, se ha comparado con los hechos vividos por Perú en 1992, en los que se vivió un Autogolpe de Estado propiciado por el propio gobierno de Alberto Fujimori.

Es por ello que el líder opositor, Julio Borges, ha solicitado incluso el auxilio del ejército, exigiéndoles que rompan el silencio ante la ruptura del orden constitucional.

Todos estos hechos, sumados a la caída de los precios del petróleo desde 2014, tienen sumida a Venezuela en una de sus peores crisis económicas y sociales. Sus importaciones se han reducido al mínimo y su economía prácticamente está paralizada ya que la industria local no cuenta con insumos materiales y económicos que le permitan producir, lo que ha generado escasez de productos y que su economía tenga una de las inflaciones más altas del mundo.

Ante este panorama, el líder de la Organización de los Estados Americanos (OEA) −organismo del cual Venezuela forma parte−, ha hecho un llamado a recuperar la institucionalidad, recordando el carácter preventivo que tiene la Carta Democrática Interamericana, instrumento que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, lo que conlleva al compromiso de los gobernantes de cada país para con la democracia, teniendo como base el reconocimiento de la dignidad humana.

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