Elecciones judiciales en México 2025: ¿un paso hacia un sistema de justicia más accesible? Las elecciones judiciales de México en 2025 marcaron un cambio histórico hacia la democratización de la justicia, pero la verdadera transformación ahora depende de la integridad, independencia y rendición de cuentas de quienes fueron electos para liderarla.

Puntos clave:

• Elección histórica con baja participación. Los ciudadanos mexicanos eligieron por primera vez autoridades judiciales, pero la escasa participación muestra falta de compromiso cívico.
• Proceso bajo controversia. Acusaciones y altos gastos en campaña generaron dudas sobre la transparencia y la rendición de cuentas.
• Responsabilidad en los nuevos ministros. La ciudadanía impulsó el cambio, y ahora los electos deben construir un sistema justo e independiente.

El pasado 1 de junio, México vivió un hecho sin precedentes: se llevaron a cabo las primeras elecciones en el país del Poder Judicial, en las que se eligieron 881 cargos judiciales, incluyendo ministros, jueces y magistrados. Este proceso histórico es resultado directo de la reforma judicial promulgada en septiembre de 2024, cuyo objetivo es transformar el sistema judicial mexicano en uno más eficiente, humano, austero y libre de corrupción.

Las campañas comenzaron el 30 de marzo de 2025 bajo reglas estrictas: sin financiamiento público ni privado, y con promoción limitada a foros y redes sociales. Para fomentar el voto informado, el Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó la plataforma “Conóceles”, una plataforma digital que permitió consultar los perfiles de las personas candidatas de forma accesible y transparente.

Controversias crecientes y baja participación.

Durante el proceso electoral surgieron diversas controversias que pusieron en duda la legitimidad de algunas candidaturas. Se reportaron denuncias contra aspirantes por presuntos vínculos con el narcotráfico y casos de abuso sexual. Aun así, sus candidaturas fueron aprobadas por comités de los tres poderes, lo que plantea dudas sobre el rigor y la transparencia del proceso.

También se reportaron casos de campañas anticipadas, particularmente por parte de candidatos a cargos ministeriales, lo que generó críticas por parte de observadores y ciudadanos. Otro tema polémico fue el aumento en el tope de gasto de campaña, que pasó de $220,000 pesos aprobados por el INE a $1,468,000 pesos para cargos nacionales, como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Poca participación, grandes esperanzas para la transformación judicial

Pese al recorte del 62% impuesto por la Cámara de Diputados en diciembre de 2024, el INE llevó a cabo las elecciones con normalidad. Los votantes recibieron seis boletas de diferentes colores, cada una correspondiente a una categoría judicial. Sin embargo, la participación ciudadana fue baja, con cifras que oscilaron entre solo 12.57% y 13.32% de la población elegible.

Aun así, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, destacó que “cerca de 13 millones de mexicanos y mexicanas participaron en la elección al Poder Judicial, más del doble de la participación en la votación del juicio a expresidentes”.

¿Quién definirá el rumbo del derecho mexicano?

La SCJN, máxima instancia del Poder Judicial de la nación, será conformada por los siguientes ministros, quienes tomarán protesta el 1 de septiembre:

• Hugo Aguilar Ortiz — Abogado mixteco y defensor de derechos indígenas.
• Lenia Batres — Promotora de justicia social y austeridad.
• Yasmín Esquivel — Ministra desde 2019; enfrentó señalamientos por plagio.
• Loretta Ortiz — Impulsa justicia descentralizada y enfoque social.
• María Estela Ríos — Experta en derecho laboral.
• Giovanni Figueroa — Defensor de derechos humanos.
• Irving Espinosa — Magistrado con experiencia en el gobierno capitalino.
• Arístides Guerrero — Propone una “Corte Itinerante” y sentencias en lenguas indígenas.
• Sara Herrerías — Fiscal en derechos humanos.

Este grupo será responsable de interpretar la Constitución Mexicana y garantizar el respeto a los derechos humanos en el país, en un contexto de transformación institucional.

¿Qué sigue para México en el ámbito legal?

A pesar de este avance democrático, el acceso a la justicia en México sigue siendo limitado. De hecho, una Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública mostró que el 47.9% de las investigaciones penales no recibieron respuesta, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la principal institución gubernamental del país encargada de estadísticas y datos censales.

Además, la impunidad en México alcanzó el 93.63% en 2023, lo que refleja una profunda desconfianza en la capacidad del sistema judicial para atender y resolver los casos que afectan a los ciudadanos. En términos presupuestarios, México se encuentra entre los países que menos gastan en justicia, con un gasto de 0.63% en relación al Producto Interno Bruto en 2021, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En términos generales, la reforma judicial que se está llevando a cabo incluye una serie de propuestas orientadas a fortalecer el sistema de justicia del país y garantizar su independencia, eficiencia y cercanía con la ciudadanía. Las medidas clave incluyen:

• Asignación presupuestaria — Al menos el 2% de los presupuestos federales y estatales se destinarán a los poderes judiciales.
• Acceso colectivo a la justicia — Se desarrollarán mecanismos más sólidos para demandas grupales y derechos compartidos.
• Ejecución de sentencias — Se establecerán marcos claros para la ejecución de decisiones judiciales.
• Tipificación del feminicidio — Se implementarán protocolos estandarizados de reconocimiento e investigación a nivel nacional.

Estas propuestas están contenidas en el documento “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas”, elaborado por la SCJN, y buscan responder a los principales retos que enfrenta el sistema judicial mexicano.

Aunque se presentó como un avance democrático, críticos advierten que podría politizar el Poder Judicial y permitir que un partido controle los tres poderes, generando incertidumbre legal y debilitando la transparencia. De hecho, la baja participación en las elecciones, las acusaciones entre candidatos y el aumento de los costos de campaña han despertado preocupaciones sobre la legitimidad y la eficacia del nuevo modelo de elección judicial.

A pesar de todo, la elección judicial de 2025 marca un hito en la historia democrática de México, pero también plantea desafíos profundos. La clave estará en vigilar la implementación de la reforma, fortalecer la independencia judicial y garantizar que los nuevos ministros y jueces actúen con ética, profesionalismo y compromiso social.

Críticamente, México necesita una justicia que no solo sea accesible, sino también eficaz, empática y confiable. La ciudadanía ha dado un primer paso, pero el camino hacia una verdadera transformación judicial apenas comienza.

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